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Investigación pública y rentabilidad. El País, 24-02-99 José Olivares Pascual (olivares@eez.csic.es) |
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La aparición en la revista Nature de una
nota sobre el posible lanzamiento al mercado de especies vegetales dotadas
del llamado gen "terminator" es un ejemplo más del desamparo
en que se encuentran la agricultura y la sanidad de los países
en desarrollo. Por el enojo causado en los agricultores de dichos países,
la compañia productora está considerando retrasar la introducción
de las semillas genéticamente programadas para autodestruirse.
El control de la germinación tiene como objeto proteger la propiedad
intelectual de quienes han desarrollado la semilla. La compañía
ve en la moratoria un deterioro de su propia imagen. También afirma
que podría influir negativamente (¿todavía más,
me pregunto yo?) en la percepción pública de la biotecnología
agrícola. No me refiero a la percepción de los daños
que el cultivo de plantas transgénicas pudiera causar al ambiente
o a la salud (bajo o nulo, por otra parte), sino a la flagrante discriminación
económica que implica. Muy pocos países pueden pagar el
coste de este tipo de productos. Además, muchas veces se riza el
rizo y el cultivo de una especie mejorada exige la aplicación de
un agroquímico producido por la misma compañía. Si dejamos la agricultura y nos vamos a la salud,
tenemos el mismo panorama. Un artículo aparecido recientemente
en Molecular Medicine Today sobre la comercialización de la genética
humana pone el dedo en la llaga, al señalar la gran importancia
que esta adquiriendo la investigación genética médica
en el sector privado. El problema es que dicha investigación tiene
un alto coste que tiene que pagar el usuario de los productos o de la
tecnología obtenida. Si, según se puede leer en el mismo
número de la revista arriba mencionada, el ministerio de Sanidad
de Sudáfrica ha abandonado el programa para administrar AZT a las
embarazadas seropositivas por falta de fondos, ¿cómo se
puede tratar el SIDA en otros lugares de mayor incidencia y más
bajas posibilidades económicas? ¿No van a ser los países
ricos cada vez más sanos y los pobres cada vez más enfermos?
Recientemente hemos podido leer en la prensa una denuncia sobre la falta
de interés que al parecer muestran las compañías
farmaceúticas por la vacuna contra el SIDA. Es una postura comprensible,
teniendo en cuenta el gasto que supone la aplicación de la triple
terapia (1-2 millones de pesetas por enfermo y año). Pero ¿están
supliendo esa falta de interés los Organismos públicos?
¿Se puede conseguir algo dentro de un contexto a nivel nacional
e internacional donde se prima la investigación privada frente
a la pública (o dicho de otro modo, la investigación privada
con fondos públicos?). Quizá esto suene un poco raro o exagerado,
pero corresponde a la realidad: La UE sólo subvenciona proyectos
de investigación si participan empresas interesadas en la comercialización
de los posibles resultados obtenidos. La investigación es cara. La introducción
de un nuevo producto farmaceútico puede haber supuesto la inversión
de varios miles de millones de pesetas. En principio parece una carga
difícil de soportar con financiación pública. Sin
embargo, se olvida que, indirectamente y en su mayor parte, se está
subvencionando a través de la medicina socializada. El valor intrínseco
de una dosis de interferón o de un anticuerpo monoclonal para diagnóstico
es relativamente bajo, pero el valor añadido es muy alto, como
consecuencia de los gastos invertidos en investigación, los ensayos
clínicos, los fracasos y retrasos, la corta vida del disfrute de
una patente en la que hay que recuperar el capital invertido, etc. y los
beneficios de ese capital. ¿Cómo podría lograrse que
los avances en agricultura, sanidad y medio ambiente llegaran a todos?
Es una pregunta de difícil contestación. ¿A través
de la beneficiencia? ¿A través de subvenciones? ¿O
con nuevas ideas sobre la distribución de los fondos que los países
desarrollados dedican o deberían dedicar a la investigación?
Una hecho indiscutible es que, para el aprovechamiento global de las nuevas
tecnologías, es imprescindible la participación del sector
público. Habría que pensar si, al menos en la investigación
en los campos mencionados, no convendría dejar a un lado la rentabilidad
económica de la inversión pública, aparte de hacer
un esfuerzo general para incrementarla significativamente. |